Ciudad Quesada, Alajuela

22 de septiembre de 2020
Editorial Team

EMITEN NUEVA POLITICA DE PERSECUCION DE LOS DELITOS AMBIENTALES


La riqueza natural de Costa Rica está peligrosamente amenazada y una muestra de ello es que, cada año, la Fiscalía Adjunta Ambiental recibe en promedio 2.000 causas por delitos ambientales, solo en su sede de San José; de ahí que, para proteger la biodiversidad y los recursos naturales del país, el Ministerio Público emitió la nueva Política de Persecución de los Delitos Ambientales.
“Esta Política consiste en una serie de lineamientos emanados por la Fiscalía General, con el objetivo de unificar la aplicación de los delitos ambientales en todo el país, al emitir una única interpretación que deben tener todas las instituciones que conocen estos delitos, puesto que la política es de aplicación obligatoria”, explicó el fiscal adjunto ambiental José Pablo González Montero.
La Política se une a los esfuerzos del Ministerio Público por luchar contra organizaciones criminales que generan daños irreparables en el ambiente y que, en palabras de González, “generalmente” están acompañados por hechos de corrupción, por lo que se busca impactar en temas como “el acceso a los recursos, la protección de todos los elementos del ambiente y reducir la contaminación y los aspectos que provocan el cambio climático”, apuntó el Fiscal Adjunto.
Las directrices, que reiteran el rol rector y especializado de la Fiscalía Adjunta Ambiental a nivel nacional, hacen énfasis en la necesidad de que el personal fiscal que dirige las investigaciones penales solicite medidas restaurativas, que reparen los daños causados al ambiente como resultado de los delitos.
Las Políticas se dividen en nueve capítulos, el primero acerca de lineamientos generales y los restantes sobre políticas específicas, que regulan y uniforman la investigación de delitos nuevos, que no estaban legislados y fueron creados posterior al 2010.
Entre estos se encuentran la reforma a Ley de conservación de vida silvestre y la Ley de gestión integral de residuos, entre otras, conocidas como leyes especiales.
González enfatizó en que “al uniformar la investigación y los procedimientos administrativos y judiciales se brinda seguridad jurídica a las personas ciudadanas de que los delitos serán manejados de una misma forma, con eficiencia y celeridad”.
Además del Ministerio Público, entre las entidades que deben aplicar las directrices incluidas en la Política se encuentran el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Ambiente y Energía y sus dependencias, todos los cuerpos policiales del país, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y las Municipalidades.

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